ECONOMÍA.
A mediados
del siglo XX la economía puertorriqueña se hallaba orientada hacia la producción
agrícola, especialmente al cultivo de la caña de azúcar. Sin embargo,habia una gran
inversión en la infraestructura pública y extensos programas de incentivos federales
han logrado transformar la actividad económica en los dos últimos cuartos de siglo.
Desde los 60, y en gran medida por consecuencia de se han establecido en el archipiélago
numerosas empresas multinacionales de diferentes industrías como la farmacéutica,
electrónica, textil, petroquímica, y más recientemente biotecnológica. Hoy en día,
la manufactura y la industria de servicios (incluyendo el turismo) han reemplazado
a la agricultura como principal productor de ingresos, cuya cuota de participación
en la economía es inferior al 2%. Igualmente, el ganado y la producción de artículos
lácteos reemplazaron a la industria azucarera como sector principal de la agricultura.
La economía se desaceleró entre 2001 y 2003 por la recesión que experimentaba la
economía estadounidense por el estallo de burbuja tecnológica en el año 2000. En
2004 se produjo una efímera recuperación ya que, nuevamente, Puerto Rico entraría
en un periodo de recesión durante 2006 y éste se ha extendido hasta 2012,el año
en que se proyecta la depresión económica.
Los líderes
del país intentaron desarrollar Puerto Rico por medio de la industria ligera, alta
en mano de obra pero baja en capital. Este intento falló con la recuperación de
los mercados europeos después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de la década
de los 60 vio cómo el país se sumía en una bancarrota económica e intentó rescatar
la economía por medio de la inversión en la industria petroquímica. Con la subida
de los precios del petróleo realizada por la Organización de Países Productores
de Petróleo, la industria petroquímica del País se vio sumida en una segunda crisis,
lo que provocó que se revisara el modelo económico desarrollado hasta entonces.
Los gobernantes lanzaron una tercera alternativa que era la extensión de contribuciones
de las corporaciones privadas por medio de la sección 936 del Código de Rentas Internas.
En 2005 venció el plazo dado a las empresas que se habían acogido al Código de Rentas
Internas de los Estados Unidos, sección 936. Hasta el presente no se cuenta con
un programa de desarrollo económico coherente que resuelva el hueco que dejó el
cierre de la 936. Sin embargo, algunos grupos políticos han planteado que la crisis
existente en Puerto Rico sólo se puede resolver por medio de un desarrollo integral
de la economía que envuelva la autosuficiencia agrícola junto con el desarrollo
de industrias de alta tecnología pero que contribuyan a la economía del país por
medio de las contribuciones.
El gobierno
de Aníbal Acevedo Vilá introdujo cambios en los sistemas de impuestos para normalizar
la carga y distribuirla más equitativamente a todos los sectores de la economía
del país. Ejemplo de eso es la reciente creación de un Impuesto sobre las Ventas
y Uso (IVU) o «sales tax» que fluctuó durante los primeros meses después de ser
establecido entre el 5,5% y el 7% (un 5,5% estatal y hasta un 1,5% municipal) sobre
las compras y los servicios, pero que finalmente en 2007 fue unificado a 7% en todo
el territorio. El IVU fue establecido con el fin de intentar aliviar los serios
problemas fiscales que afectan a la Isla y evitar así una degradación en la escala
de devaluación de los bonos de Puerto Rico, lo que de haber acontecido hubiera encarecido
la financiación de los proyectos públicos. Este impuesto se equilibró con la eliminación
del arbitrio del 6,6% que se cobraba en el punto de importación. Esto fue porque
dicho sistema de arbitrios no era del todo fiable y era de conocimiento público
que no percibía las cantidades que deberían haber entrado al erario, en su mayor
parte por falta de personal para llevar a cabo inspecciones de carga y el tiempo
que se requería para estas inspecciones.
Otra
razón por la cual se estableció el nuevo impuesto a la venta es para reducir de
manera drástica la tan mencionada "economía subterránea", cuyo monto llegó
a ser estimado por el Banco de Gubernamental de Fomento igual al de la economía
legal. Al requerirse el registro de todo comerciante para legalizar el cobro del
IVU, se intenta reducir la evasión contributiva. También se han instituido otros
cambios, tales como el alza de los servicios de electricidad y agua para lograr
reducir los subsidios que se les daba a las agencias cuasi-gubernamentales que los
administran bajo monopolio legal. Nuevamente la lógica es que estos servicios deben
ser financiados a base del consumo en vez de subsidiarlo con fondos públicos, lo
cual afectaba aún más el desbalance de la carga contributiva hacia la clase asalariada.
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